Más bueno que un hacker

En nuestra existencia digital no hacemos otra cosa que ingresar usuarios y contraseñas alfanuméricas, responder preguntas de seguridad, confiados en que todas esas galerías infinitas de bytes son invulnerables. Pero algunas comunidades con conocimientos informáticos piensan lo contrario: desconfían de todo y meten mano para probarlo. Cuatro casos ocurridos recientemente en la Argentina revelan la fragilidad del sistema y cómo son los hackers quienes pagan las consecuencias por denunciarlo.

Por: Facundo Iglesia
Ilustraciones: Panchopepe
Publicado en Revista Crisis #47

Cabo Landajo

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Epílogo judicial

Epílogo

El 8 de octubre de 2019 fui despertado por efectivos de la Policía Federal Argentina que venían con una orden de allanamiento. Después de revisar todo el lugar y secuestrar computadoras, celulares, tarjetas de memoria, tablets, computadoras y otros dispositivos electrónicos (la mayoría no eran míos), me llevaron detenido y me retuvieron por unas cuántas horas. Aunque no tuve absolutamente nada que ver con el hecho investigado (la filtración conocida públicamente como «La Gorra Leaks 2.0»), y a diferencia de la vez anterior que trataron de incriminarme, esta vez consiguieron que un juez firmara una orden de allanamiento sin siquiera revisar el motivo de la sospecha (así de fácil es violar un domicilio en la Argentina).

Primero envié tres escritos al juez ([1], [2] y [3]), que fueron prácticamente ignorados. A mi reclamo se sumaron varias ONGs (dos veces). Luego apelé ante la Cámara, que confirmó todo lo actuado por el juez y por la policía. Luego de más de un año sin ningún avance en la causa ni en mi situación personal, envié tres escritos más al juez y al fiscal ([4], [5] y [6]). Esta vez los ignoraron completamente. Ni siquiera me respondieron.

La situación solo cambió hace unos días, cuando el fiscal Horacio Azzolin de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia emitió un informe que resalta la persecución de la que fui objeto. También a este escrito respondí ([7]), resaltando las coincidencias con lo que vengo afirmando desde el primer momento. Hasta ahora, tampoco el juez ni el fiscal dijeron nada.

Hace unos días decidí enviar un último escrito. Ya ni siquiera con la esperanza de que lo lean ni, mucho menos, de que sirva de algo. En el expediente y en el llamado «legajo de prueba» (una especie de expediente paralelo, al que ni siquiera pude acceder en su totalidad) está la evidencia de que la Policía Federal Argentina ocultó un hecho gravísimo, que venía ocurriendo desde hacía más de dos años y que solo reconoció —a medias— al hacerse público. A continuación, el escrito que presenté, a modo de epílogo de esta farsa de investigación policial y judicial, al menos por mi parte (también en formato PDF).

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Un fiscal especializado me da la razón sobre «La Gorra Leaks 2.0» y la Policía Federal, y denuncia amenaza de muerte

La Gorra Leaks 2.0

El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin presentó recientemente un informe donde evalúa la investigación llevada a cabo por la Policía Federal Argentina en el marco de la causa por la filtración de datos conocida como «La Gorra Leaks», en la cual resulté allanado y detenido, siendo privado además de mis herramientas de trabajo. En el mismo, además de poner de manifiesto lo pésimamente actuado por los efectivos policiales y cómo se montó una sospecha sobre mí de una forma totalmente arbitraria, también denuncia amenazas de muerte y el envío de imágenes de abuso sexual infantil, como un nuevo intento de incriminarme.

Para entender el contexto, puede revisar mi artículo «Allanado y detenido por tuitear» y el informe de «ciberpatrullaje» que la Policía Federal Argentina envió al juez para acusarme. A continuación, los fragmentos más relevantes del informe de la UFECI (el resaltado es añadido por mí).

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Los sótanos de la Policía Federal Argentina

Departamento Cibercrimen de la Policía Federal Argentina

El 12 de agosto de 2019 se produjo la mayor filtración de datos de la historia argentina hasta la fecha, hecho particularmente grave por tratarse de información de la Policía Federal Argentina, que fue conocida públicamente como «La Gorra Leaks 2.0». No solamente la investigación de este hecho fue más que deficiente, sino que la propia denuncia realizada por la División Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía parece esquivar un enorme elefante en medio de la habitación. ¿Por qué ni se denunció ni se investigó cómo se produjo realmente esta filtración?

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Boleta Única Electrónica: algunos riesgos y cómo mitigarlos

Boleta Única Electrónica: algunos riesgos y cómo mitigarlos

Ante las elecciones municipales del Paraguay, a realizarse utilizando el sistema de voto electrónico denominado «Boleta Única Electrónica», la ONG TEDIC ha publicado una serie de white papers sobre los riesgos del uso de sistemas informáticos para la emisión y el escrutinio de los votos.

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«Le tocaron el culo al jefe»

Néstor Roncaglia

Fragmentos del primer capítulo del libro «Engaños digitales, víctimas reales» de Sebastián Davidovsky (de lectura más que recomendada), que relata la filtración de datos de la Policía Federal Argentina y la ridícula investigación judicial y policial que le siguió, producto de la cual resulté incriminado.

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Cómo NO investigar un hackeo

Hackeo

¿Tienen relación los «hackeos» ocurridos entre 2017 y 2019 a Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina? ¿Una pelea interna terminó con la exposición de datos personales que puso en riesgo a policías y civiles? La Justicia y las fuerzas de seguridad parecen haber hecho un gran esfuerzo por no notar ciertas relaciones y omitir ciertos hechos. A continuación, algunos de ellos.

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Una carta sobre la justicia y el debate abierto

Liberta de expresión

7 de julio de 2020 

La siguiente carta aparecerá en la sección de Cartas de la edición de octubre de Harper’s Magazine. Traducción del original en inglés.

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La inviolabilidad del domicilio en la Argentina (y la informática)

La inviolabilidad del domicilio está consagrada en la Constitución de la Nación Argentina, pero las excepciones han sido motivo de un largo debate jurídico desde el mismo momento de su firma. La disparidad de criterios de las distintas conformaciones de la Corte Suprema de Justicia no ha aportado claridad a cuándo y cómo está justificado que el Estado ingrese en el domicilio de una persona con el fin de secuestrar elementos que allí se encuentren. Y la llegada de la informática solo ha contribuido a agravar el problema.

Constitución de la Nación Argentina

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El cuento de la buena pipa judicial

Después de ser allanado y detenido solamente por haberme expresado públicamente ante reiteradas violaciones de la seguridad de los sistemas informáticos de la Policía Federal Argentina, y de haber reclamado inutilmente ante el juez que decretó la invasión de mi domicilio y el secuestro de mis herramientas, presenté un recurso de apelación ante la Cámara Criminal y Correccional Federal pidiendo la nulidad del allanamiento, por no haber existido motivos válidos para ordenarlo.

La buena pipa judicial

Luego de presentar un escrito de 23 páginas y de mantener una audiencia oral de casi media hora, la respuesta fue de rechazo a mi pedido. Pero lo más interesante fue la forma en la que esta se fundamentó.

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